Foto: Prensa Libre

Una inspección técnica realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, luego del desalojo de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), reveló afectaciones físicas en varios elementos patrimoniales del edificio, especialmente en ventanas, balcones y áreas verdes.

Según informó la viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), Laura Cotí, el diagnóstico fue elaborado por la Administración del Palacio Nacional en conjunto con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En total, se contabilizaron daños en 57 ventanas: 24 grandes y 33 pequeñas, las cuales sufrieron alteraciones por la instalación de carpas y estructuras provisionales que emplearon materiales como mantas vinílicas, nylons, clavos, cuerdas, alambres y tubos de aluminio.

Foto: Soy502

La funcionaria detalló que estos elementos provocaron desgastes, desprendimientos decorativos y deflexiones en balcones, luminarias, rejas y postes de iluminación. En algunos casos, se aprovecharon zonas con hierro expuesto en las fachadas para fijar los refugios, generando tensión estructural y daño directo en componentes históricos.

Durante la inspección también se identificaron residuos de los sistemas de sujeción utilizados, como clavos con arandela, aros de llanta, blocs y alambres de amarre colocados sobre la herrería forjada. Además, se reportaron afectaciones en las áreas verdes localizadas entre la sexta y séptima avenida, donde el prolongado uso de estructuras sobre la grama produjo marchitamiento y pérdida de cobertura vegetal.

Aunque los daños no comprometen la estabilidad estructural del inmueble, Cotí señaló que se requiere intervención técnica inmediata para evitar que las afectaciones se agraven. El MCD iniciará trabajos de limpieza, conservación y reparación, siguiendo criterios especializados de restauración patrimonial.

Asimismo, se anunció el fortalecimiento de las medidas de protección y supervisión perimetral alrededor del Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de resguardar su integridad frente a futuras intervenciones no autorizadas.

Con información de Soy502.

Foto: La Hora

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que entre el 1 de enero y el 11 de julio del presente año, el sistema de alerta Alba-Keneth ha activado 131 casos vinculados a hechos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan a niñas, niños y adolescentes en el país.

Según los datos compartidos por la entidad, los departamentos con mayor número de activaciones son Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y Alta Verapaz. De los casos reportados, 105 corresponden a adolescentes entre 13 y 17 años, lo que evidencia que este grupo representa el rango etario más vulnerable. Entre los principales motivos figuran la violación, agresión sexual y el reclutamiento con fines de explotación.

Foto: Alerta Alba-Keneth

Las cifras indican que el número de alertas sigue en aumento con relación al año anterior, cuando se contabilizaron 367 casos similares en adolescentes del mismo rango. Además, en 2024 los departamentos con mayor incidencia fueron Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Jutiapa, Quiché y Santa Rosa.

En cada caso, el expediente es remitido por el sistema Alba-Keneth a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia (PNA), que procede a trasladarlo al Ministerio Público. Posteriormente, se determina si el menor de edad se encuentra en situación de violencia sexual o trata de personas, y si carece de representación legal, se le incorpora al proceso penal.

La PGN también solicita medidas de protección ante un juzgado, con el fin de restituir los derechos vulnerados. Una vez activado el protocolo, las víctimas son canalizadas a otras instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, donde reciben atención especializada.

Con información de La Hora.

Foto: Municipalidad de Guatemala

Luego del allanamiento efectuado el pasado 23 de junio en el mercado El Guarda, zona 11 capitalina, donde se decomisaron decenas de especies mantenidas en cautiverio, diversas instituciones del Estado coordinaron acciones para dar seguimiento al resguardo, tratamiento y ubicación definitiva de los 630 animales rescatados.

Durante el operativo, agentes de la Dirección de Investigación Criminalística (DICRI) y de la Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionaron 39 locales, los cuales permanecen clausurados, y lograron el rescate de especies cuyo comercio está prohibido, como tortugas casquito, iguanas verdes, palomas, gansos, perros, gatos, gallinas, hámsters, conejos y cuyos.

Tras la intervención, entidades como la Municipalidad de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Unidad de Bienestar Animal del MAGA y otras instituciones realizaron reuniones de seguimiento, evaluaciones técnicas y procesos administrativos para definir el destino de cada ejemplar, atendiendo a sus condiciones biológicas y legales.

De acuerdo con la comuna capitalina, el CONAP asumió la custodia de 141 animales silvestres, entre ellos especies como tortugas verdes e iguanas, mientras que la UBA-MAGA resguardó un total de 489 animales domésticos y de corral. Adicionalmente, la Municipalidad de Guatemala brindó albergue temporal a 198 de estos ejemplares, en tanto se coordinaban procesos de rehabilitación o reubicación.

Foto: MAGA

Una de las medidas implementadas fue una jornada especial de adopción para hámsters y cuyos, organizada por la comuna y supervisada por la UBA-MAGA, en la que varias familias ofrecieron nuevos hogares para estos animales. Cada proceso fue documentado y autorizado conforme a los lineamientos de bienestar animal vigentes.

En paralelo, las investigaciones continúan en el ámbito judicial. Varios de los animales permanecen bajo resguardo como evidencia en el caso que se sigue contra Yanatte Urbina Cardona y Carlos Ventura Mejía, capturados como presuntos responsables del delito de tráfico ilegal de flora y fauna.

El operativo y su seguimiento interinstitucional han despertado amplio interés ciudadano respecto al manejo de la fauna urbana y silvestre en mercados del país, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de fiscalización y protección animal.

Con información de La Hora.