Foto: RUDA
Entre enero y julio de 2025, un total de 1,258 niñas guatemaltecas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) recopilados por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). De acuerdo con la legislación vigente, todos estos embarazos se consideran producto de violación automática, ya que la ley presume que ninguna menor de 14 años puede otorgar consentimiento para relaciones sexuales. La cifra refleja una problemática persistente en el país, donde la maternidad infantil continúa siendo una expresión extrema de violencia sexual.
La distribución por edad revela que dos niñas menores de 10 años, siete de 11, 39 de 12, 254 de 13 y 956 de 14 años dieron a luz durante este período. Aunque muchos embarazos registrados en niñas de 14 años fueron concebidos cuando tenían 13, el Código Penal establece que cualquier acceso carnal con una persona menor de 14 años constituye violación automática, sin necesidad de probar violencia física o amenazas. Las penas para los agresores oscilan entre 12 y 20 años de prisión, y pueden aumentar hasta 25 años si el embarazo es resultado de la agresión o si el autor tiene autoridad sobre la víctima.
Los departamentos con mayor incidencia de embarazos infantiles fueron Huehuetenango (176 casos), Alta Verapaz (162), Guatemala (134), Quiché (115) y San Marcos (104), mientras que El Progreso, Sacatepéquez y Sololá reportaron las cifras más bajas. Esta distribución territorial evidencia patrones de vulnerabilidad estructural, donde factores como el acceso limitado a educación sexual, la desigualdad social y la falta de mecanismos efectivos de denuncia contribuyen a la reproducción de estos casos.
A nivel constitucional, el Estado guatemalteco tiene la obligación de proteger a las niñas y adolescentes. El artículo 3 garantiza la vida desde la concepción, y el artículo 47 establece el deber de resguardar a la familia y a los grupos más vulnerables. Sin embargo, en junio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Guatemala violó los derechos de una niña de 14 años al obligarla a continuar con un embarazo producto de violación. El organismo calificó el caso como trato comparable a tortura y exhortó al Estado a implementar un sistema de registro y monitoreo de la violencia sexual, el embarazo infantil y la maternidad forzada.
La persistencia de estos casos plantea un desafío urgente para las instituciones guatemaltecas. Más allá de la sanción penal, se requiere una respuesta integral que incluya prevención, atención psicológica, educación sexual y justicia efectiva. La maternidad forzada en niñas no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que compromete su desarrollo, su salud y su proyecto de vida.
Con información de La Hora.
