Foto: ANADIE

La actual administración del Gobierno de Guatemala busca impulsar proyectos e inversión en infraestructura que requieran un estudio previo. Entre 14 diferentes propuestas, al menos siete tendrían prioridad para este y el próximo año para el  Fondo Revolvente para la Preinversión en Infraestructura (FIP), una iniciativa del sector privado.

En aras de contribuir con la transformación de la infraestructura del país y promover un desarrollo sostenible, el sector privado aporta al FIP un monto inicial de US$7 millones en tres años para financiar estudios de preinversión en infraestructura, según los encargados del tema.

“Hemos identificado los siguientes proyectos que pueden trabajarse en el periodo 2024-2025 como una muestra de apoyo al gobierno del presidente Bernardo Arévalo”, refiere el sector privado que apoya el FIP.

En ese sentido, se explica que se trata de una megaobra que abarca cuatro proyectos, y dos más. Todos son considerados con un alto grado significativo de apoyo político y avance en estudios para dar paso a la inversión entre 2025-2026.

La propuesta que ha tomado más fuerza es el Metro Línea Blanca y que está conformado por varios trabajos de infraestructura agrupados en cuatro grupos que quedaron definidos con la Conexión vial y ferroviaria Central de Mayoreo (CENMA), avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul.

Foto: Municipalidad de Guatemala

Actualmente se trabaja con la municipalidad de la Ciudad de Guatemala y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo (Anadie). Esa conexión es necesaria para viabilizar el proyecto Línea Blanca. Esto incluye la construcción del puente El Frutal.

También ha destacado el Arco Norte Metropolitano.  Se trata de un proyecto para estructurar en aproximadamente tres años en modalidad Alianza Público Privada (APP) o concesión municipal. Consiste en un nuevo tramo vial de una longitud de 24 kilómetros.

Se tiene contemplado que abarque desde el kilómetro 17.5 de la CA-9 Norte, ruta al Atlántico, hacia el Anillo Periférico, en el que se construirán tres carriles por sentido, así como un carril auxiliar, aceras y camellón central. Este tendría un costo aproximado de US$160 millones y estaría proyectado su ingreso con peaje.

El Ejecutivo también buscaría una ampliación de tramo carretero en Occidente con el objetivo de buscar una mejor comunicación vial para conectar las fronteras. Se prevé la ampliación a cuatro carriles en la CA-2 Occidente entre los kilómetros 110 a 114 para mejorar la distribución del tránsito en la entrada a Chicacao, en Suchitepéquez.

Con información de La Hora.

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