Foto: Pastoral de Movilidad Humana

Miles de personas emprenden cada día un peligroso viaje en búsqueda de mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades hacia el norte del continente americano. En el trayecto, existen casas del migrante que han dedicado su esfuerzo a garantizar un lugar digno para descanso, comida y saneamiento para la cruzada que vive esta población.

Sin embargo, una reforma en la Ley de Migración pondría el peligro a la labor de las casas del migrante y se podría generar una violación a los derechos humanos. La Conferencia Episcopal de Guatemala teme que nueve casas del migrante bajo su cargo dejen de funcionar, pues los cambios a la ley prohíbe y sanciona el alojamiento de quienes van en tránsito hacia otro país.

Las reformas al artículo 107 Bis de la Ley de Migración ponen en vilo las operaciones de las casas del migrante, administradas por la Iglesia Católica. La normativa determina que se estaría cometiendo el delito de tráfico ilegal de personas quien aloje a quienes intentan migrar de manera irregular hacia otro país.

Foto: Casa Bethania

En total son nueve casas del migrante administradas por la iglesia, se atiende a por lo menos 25 mil migrantes al año, por lo que su cierre es calificado como una violación a los derechos humanos, principalmente al de libre locomoción, dijeron este viernes a Prensa Libre los obispos al finalizar su Asamblea Plenaria Anual.

“La dura realidad de los migrantes nos ha llevado a poner estructuras y espacios de la Iglesia disponibles para brindar acogida y consuelo a miles de personas en esta situación. Este servicio está puesto seriamente en riesgo debido a las exigencias establecidas por el Estado guatemalteco en el marco del proceso de registro de albergues, específicamente en las obligaciones dispuestas en el artículo 107 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional número 7-2019, Reglamento del Código de Migración”, señala la Conferencia Episcopal en un comunicado.

La misiva agrega que “expresamos nuestra inconformidad en cuanto a lo exigido, ya que consideramos que nuestras casas del migrante deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito. La aplicación estricta de la normativa impediría el mismo y nos obligaría a clausurarlas”.

Con información de Prensa Libre.

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