Ricardo Maldonado Quiñónez, alcalde de Chicacao, Suchitepéquez. En 2015, buscó la reelección, sin éxito, con el MR. El jefe edil perdió su inmunidad en 2015 y fue ligado a proceso en 2017 por incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y desobediencia. Sin embargo, su influencia política y corrupción sigue a la órden del día. Este individuo continúa ejerciendo influencias y causando conflictividad en el área, los problemas de basura, mal estado de las carreteras, falta de drenajes, agua potable y corrupción municipal tiene a los lugareños en estado de alerta y descontento.
Un grupo de COCODES lo ha denunciado por intimidarlo mientras cuestionan sus malas acciones y sus conexiones en el gobierno municipal que le permite seguir gozando de contratos y corrupción.
El corrupto Ministro de Comunicaciones
Su hermano, también es un político implicado en la más alta corrupción del país. tras el fallido intento por llegar al Congreso en 2019, Javier Maldonado Quiñonez regresó al Micivi en 2021, juramentado por el Presidente Alejandro Giammatei. Primero como asesor de la UCEE y luego como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública. La renuncia de Josué Edmundo Lemus abrió el camino para que llegara directo al despacho como Ministro.
Javier Maldonado Quiñónez fue juramentado en julio de 202a como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en sustitución de Josué Edmundo Lemus-
Un antiguo compañero del nuevo ministro comentó que este carece de formación universitaria.
En 2017 Maldonado fue nombrado director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) bajo la gestión del exministro Aldo García, quien contó que fue el expresidente Jimmy Morales quien lo recomendó para trabajar bajo la dirección del entonces viceministro José Luis Benito, ahora prófugo de la justicia:
“Todos los directores fueron propuestos por el presidente o llegaron de la Presidencia de la República para su nombramiento. Y en el caso de Edificios del Estado fue la única unidad que quedó debajo del viceministro de ese entonces, José Luis Benito, que también tenía a cargo el área administrativa y financiera.”
La auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de 2017 emitió tres sanciones administrativas por Q56 mil 250 a Maldonado debido a deficiencias en su proceso de selección de personal y ejecución presupuestaria: solo ejecutó el 8.5% en proyectos de arrastre. Durante ese año, su unidad no realizó ninguna obra nueva, según un reportaje de Con Criterio.
Maldonado también fue señalado por desviar Q27.2 millones del préstamo para el Programa “Mi Escuela Progresa”, diseñado para reducir el déficit en infraestructura educativa, hacia el Fondo Social de Solidaridad para la construcción de carreteras.
Un año después, en octubre de 2018, el diputado de la UNE, Orlando Blanco, le reprochó lo mismo: pobre ejecución de recursos. De los Q171 millones asignados para ese año, solo se ejecutó el 24.8% y de las 1 mil 022 solicitudes de remozamiento y mantenimiento de escuelas, solo atendieron 150.
En 2019, Maldonado figuró como candidato a diputado por Suchitepéquez del Movimiento Reformador (MR).
En agosto de 2018, el testimonio de Anelisse Herrera Monterroso, antigua asistente del exministro Alejandro Sinibaldi, y colaboradora eficaz del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), reveló que en 2015, Sinibaldi compró dicho partido como opción alternativa al Partido Patriota (PP) para su candidatura presidencial. El testimonio indica que a través del MR, Sinibaldi compró diputados de varias bancadas para lograr representación en el Congreso. En entrevista con Soy502, Sinibaldi dijo al respecto:
“Esta bancada se forma a solicitud de 3 o 4 diputados que me visitan en medio de la primera y la segunda vuelta. Los diputados José Fernández Chenal, Boris España, Iván Arévalo y Luis Contreras me hacen una visita en mi oficina de trabajo y lo que me informan es que la mayoría de diputados distritales que conformaban el Partido Patriota se iban a retirar y lo que iba a surgir era una estampida de diferentes diputados a diferentes partidos. (Me preguntaron) que si yo podía tener una reunión con ellos para tratar de mantener unido el grupo y si podía, a través de mi buena relación con el Secretario General del Movimiento Reformador encontrar una sombrilla para que ellos pudieran trabajar y verse representados en el Congreso.”
Javier Maldonado Quiñónez, no es colegiado activo del Colegio de Ingenieros de Guatemala y ni siquiera posee la formación de topógrafo. Pero, eso no constituye ningún obstáculo para que pueda ser nombrado ministro de estado.
Según el columnista de La Hora, Sergio Penagos Dardón, Este irresponsable nombramiento está claramente tipificado en el Código Penal como una usurpación, al no poseer las calidades académicas mínimas para ocupar tan delicado puesto en el gobierno.
Artículo 335. Usurpación de funciones. Quien, sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de uno a tres años.
Artículo 336. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de cinco a ocho años, y multa de cincuenta mil a doscientos mil quetzales.
Si del resultado del ilegal ejercido se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede, se elevará en una tercera parte.
Chicacao esta cansado de tanto abuso de sus políticos y por eso hacen un llamado a denunciarlos para que sus prácticas corruptas sean investigadas por el Ministerio Público.
