Foto: PGN

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2025 recibió un total de 27,290 denuncias por diversos tipos de vulneraciones hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), siendo los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, Retalhuleu y Santa Rosa los que concentran la mayor incidencia.

Según el informe presentado por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA), 6,192 de estas denuncias están relacionadas directamente con vulneraciones a la estabilidad familiar, entre ellas casos de abandono, entregas voluntarias y adopciones irregulares. Este tipo de vulneración implica condiciones que impiden a los menores crecer en entornos seguros y adecuados para su desarrollo.

Foto: PGN

La PGN informó que, como parte de las acciones de protección, se logró rescatar a 125 menores que se encontraban en situaciones de riesgo. En estos casos, los profesionales de la institución llevan a cabo investigaciones psicosociales para confirmar o descartar los hechos denunciados, y se aplican medidas conforme a la ruta de atención establecida, bajo el principio del interés superior del niño.

La entidad reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que atente contra sus derechos. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del número telefónico 1584, el sitio web oficial www.pgn.gob.gt, o en cualquiera de las 23 delegaciones regionales que funcionan a nivel nacional.

Con información de La Hora.

Foto: Ojoconmipisto.com

En un esfuerzo colectivo por preservar el equilibrio ecológico del lago de Atitlán, pobladores del municipio de Santiago Atitlán, junto con sus autoridades ancestrales tz’utujiles, realizaron el pasado 23 de julio una jornada de retiro de jaulas utilizadas para el cultivo de tilapia. La actividad se llevó a cabo en la playa pública Chinimayá y fue convocada por la autoridad municipal, en cumplimiento de una resolución comunitaria aprobada en asamblea el pasado 11 de julio.

Durante la jornada, los participantes se desplazaron en lanchas para extraer las estructuras, propiedad de la Asociación de Acuicultores, desmontando al menos 80 jaulas y más de 50 toneles con tilapia, especie considerada no nativa. Según estimaciones locales, cada tonel contendría aproximadamente 300 libras de este pez.

Foto: Prensa Comunitaria

El cultivo de tilapia en cuerpos de agua como el lago de Atitlán está prohibido, debido a su capacidad para desplazarse y afectar la reproducción de especies propias de la región. Análisis del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advierten que las zonas cercanas a estas jaulas presentan mayores niveles de contaminación, lo que ha encendido las alertas sobre el impacto ambiental que el cultivo podría provocar a largo plazo.

Las autoridades indígenas reiteraron su compromiso con la defensa del territorio y la protección de los bienes naturales, haciendo un llamado a respetar las decisiones comunitarias orientadas a salvaguardar la biodiversidad del lago. Asimismo, subrayaron la importancia de reconocer el rol de las poblaciones originarias en la gestión ambiental y el cuidado de ecosistemas sensibles.

Esta acción representa una expresión concreta de gobernanza local en favor de la conservación ecológica, y se enmarca en una serie de medidas promovidas desde la comunidad para evitar la alteración de hábitats naturales en uno de los lagos más emblemáticos de Guatemala.

Con información de Soy502.

Foto: Prensa Libre

Una inspección técnica realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, luego del desalojo de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), reveló afectaciones físicas en varios elementos patrimoniales del edificio, especialmente en ventanas, balcones y áreas verdes.

Según informó la viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), Laura Cotí, el diagnóstico fue elaborado por la Administración del Palacio Nacional en conjunto con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En total, se contabilizaron daños en 57 ventanas: 24 grandes y 33 pequeñas, las cuales sufrieron alteraciones por la instalación de carpas y estructuras provisionales que emplearon materiales como mantas vinílicas, nylons, clavos, cuerdas, alambres y tubos de aluminio.

Foto: Soy502

La funcionaria detalló que estos elementos provocaron desgastes, desprendimientos decorativos y deflexiones en balcones, luminarias, rejas y postes de iluminación. En algunos casos, se aprovecharon zonas con hierro expuesto en las fachadas para fijar los refugios, generando tensión estructural y daño directo en componentes históricos.

Durante la inspección también se identificaron residuos de los sistemas de sujeción utilizados, como clavos con arandela, aros de llanta, blocs y alambres de amarre colocados sobre la herrería forjada. Además, se reportaron afectaciones en las áreas verdes localizadas entre la sexta y séptima avenida, donde el prolongado uso de estructuras sobre la grama produjo marchitamiento y pérdida de cobertura vegetal.

Aunque los daños no comprometen la estabilidad estructural del inmueble, Cotí señaló que se requiere intervención técnica inmediata para evitar que las afectaciones se agraven. El MCD iniciará trabajos de limpieza, conservación y reparación, siguiendo criterios especializados de restauración patrimonial.

Asimismo, se anunció el fortalecimiento de las medidas de protección y supervisión perimetral alrededor del Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de resguardar su integridad frente a futuras intervenciones no autorizadas.

Con información de Soy502.

Foto: La Hora

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que entre el 1 de enero y el 11 de julio del presente año, el sistema de alerta Alba-Keneth ha activado 131 casos vinculados a hechos de violencia sexual, explotación y trata de personas que afectan a niñas, niños y adolescentes en el país.

Según los datos compartidos por la entidad, los departamentos con mayor número de activaciones son Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y Alta Verapaz. De los casos reportados, 105 corresponden a adolescentes entre 13 y 17 años, lo que evidencia que este grupo representa el rango etario más vulnerable. Entre los principales motivos figuran la violación, agresión sexual y el reclutamiento con fines de explotación.

Foto: Alerta Alba-Keneth

Las cifras indican que el número de alertas sigue en aumento con relación al año anterior, cuando se contabilizaron 367 casos similares en adolescentes del mismo rango. Además, en 2024 los departamentos con mayor incidencia fueron Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Jutiapa, Quiché y Santa Rosa.

En cada caso, el expediente es remitido por el sistema Alba-Keneth a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia (PNA), que procede a trasladarlo al Ministerio Público. Posteriormente, se determina si el menor de edad se encuentra en situación de violencia sexual o trata de personas, y si carece de representación legal, se le incorpora al proceso penal.

La PGN también solicita medidas de protección ante un juzgado, con el fin de restituir los derechos vulnerados. Una vez activado el protocolo, las víctimas son canalizadas a otras instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, donde reciben atención especializada.

Con información de La Hora.