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Guatemala podría incorporarse próximamente a un mercado que promete transformar su economía: la venta de bonos de carbono. Así lo señaló a Soy502, Francisco Escobedo, director ejecutivo de la Gremial Forestal de la Cámara de Industria, quien afirma que el país ya cuenta con la base legal, técnica y productiva para comenzar a comercializar las toneladas de dióxido de carbono capturadas por sus plantaciones.
El sistema de bonos de carbono funciona como un mecanismo mediante el cual países y empresas con altas emisiones pagan a quienes logran contrarrestar esas emisiones por medio de captación de carbono, generalmente a través de bosques y plantaciones.
De acuerdo con Escobedo, las condiciones naturales de Guatemala (como su clima, abundancia de lluvias y diversidad vegetal) permiten una captura de carbono mucho más rápida que en otros países. Mientras que en otros lugares una plantación puede tardar 100 años en fijar carbono, en Guatemala ese proceso puede lograrse en apenas 20. Este factor convierte al país en un competidor estratégico dentro de este mercado, en el que una tonelada puede valer entre 5 y 60 dólares.
En ese contexto, ya existe un fondo de 50 millones de dólares listo para respaldar la primera colocación de bonos, que según el ejecutivo, podría haberse concretado a finales de 2024. Sin embargo, su ejecución depende del Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Escobedo advierte que de no concretarse en 2025, los inversionistas podrían optar por otras naciones.
De completarse el proceso, Guatemala se convertiría en el cuarto país de Latinoamérica en integrarse a este mercado, sumándose a República Dominicana, Costa Rica y Chile. La plataforma nacional está diseñada para beneficiar a más de 100 mil usuarios, incluyendo productores forestales, comunidades y propietarios de áreas de conservación. Además, se espera que la participación en este mercado incentive la reforestación, fortalezca la protección ambiental y desincentive la tala ilegal.
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Las proyecciones apuntan a una posible colocación de hasta 5 millones de toneladas de carbono al año, lo cual podría impactar a 1.2 millones de hectáreas del país, es decir, cerca del 10% del territorio nacional. A mediano plazo, los bonos de carbono podrían aportar entre 1.5% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque esta cifra aún está lejos del peso económico que tienen las remesas (que representan el 20% del PIB), se trata de un flujo de ingresos constante y sostenible, generado desde el propio territorio. Escobedo lo resume así: “Este es un sueño para cualquier país. No se trata de una donación ni de un gasto del Estado. Es una venta real de un servicio que nuestros bosques están dando al mundo”.
Con información de Soy502.
