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Las autoridades estatales de Guatemala alertaron sobre la expansión del fenómeno de los llamados apartaparqueos, personas o grupos que ocupan ilegalmente espacios de estacionamiento público para cobrar por su uso. Este problema, que antes se concentraba en la capital, ahora se extiende hacia otros departamentos del país.
Reunión interinstitucional para frenar los apartaparqueos
Durante una reunión interinstitucional, el diputado Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, señaló que el objetivo principal es integrar una mesa técnica para profundizar en la situación y establecer acciones concretas que frenen estas prácticas ilegales.
Operativos de Emetra y obstáculos en la vía pública
El representante de Emetra, Fernando Samayoa, explicó que, pese a los operativos constantes para retirar obstáculos en la vía pública, los implicados regresan de inmediato y vuelven a colocar llantas, conos, piedras y otros objetos. Según la entidad, esta actividad inicia desde las cinco de la mañana y resulta difícil identificar a los responsables, ya que no portan documentos o proporcionan datos falsos.
Áreas más afectadas y cobros ilegales
El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, indicó que las áreas más afectadas son mercados, hospitales, clínicas y centros educativos. Añadió que en lo que va de 2025 se han retirado alrededor de 20 mil objetos utilizados para ocupar espacios públicos y se ha detectado la presencia de “cuida carros” que cobran entre Q10 y Q30 diarios, llegando incluso a exigir pagos en dólares a turistas extranjeros.
Presencia de grupos organizados en zonas de la capital
Emetra advirtió que existen indicios de que grupos familiares y pandillas se han apropiado de sectores completos, especialmente en las zonas 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la capital. Sin embargo, reconoció que aún no existe un protocolo que permita sancionar o identificar plenamente a los implicados, y que los vecinos, por temor, se rehúsan a brindar información.
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Limitaciones de la Policía Nacional Civil
La Policía Nacional Civil (PNC) reconoció que la ausencia de un mecanismo legal específico limita su capacidad para desalojar a estas personas. La institución reportó denuncias de ciudadanos que han sufrido amenazas y daños a sus vehículos al negarse a pagar. Aunque se han realizado intervenciones aisladas, la PNC indicó que no existe un procedimiento claro y que su colaboración depende principalmente de denuncias personalizadas. También advirtió que algunos apartaparqueos podrían estar vinculados con estructuras dedicadas al robo de vehículos, especialmente en la zona 1.
Ministerio Público evalúa acciones legales
El Ministerio Público (MP) subrayó que actualmente no existe una figura delictiva que catalogue esta actividad como delito. Por ello, evalúa diseñar un modelo de persecución penal que permita clasificar correctamente estas acciones. La Fiscalía de Persecución Penal considera necesario elaborar protocolos de actuación, perfiles de los organizadores y analizar si se trata de estructuras criminales formales.
Apartaparqueos como forma de extorsión
Las autoridades coincidieron en que el fenómeno, que inicialmente surgió como una actividad informal para obtener ingresos, ha evolucionado hacia dinámicas propias del crimen organizado. El diputado Rivera afirmó que esta práctica puede considerarse una forma de extorsión, pues muchos conductores pagan de manera obligada por miedo a represalias. Recordó que el único autorizado para cobrar por parqueos en la vía pública es Emetra, y anunció que se trabaja en una iniciativa de ley para ordenar el uso de las calles de la ciudad.
Propuestas de sanciones y operativos coordinados
Tanto Emetra como la PNC coincidieron en que se requieren sanciones más efectivas, patrullajes coordinados y operativos sorpresa para identificar a los responsables. El MP, por su parte, consideró indispensable crear protocolos que garanticen seguridad a los denunciantes, dado que muchas personas temen colaborar por represalias de los grupos que operan en cada zona.
Con información de Soy502.
