Desde el pasado 1 de marzo, la población de Quetzaltenango vive una problemática acumulación de desechos debido a un bloqueo en el basurero municipal ubicado en el Valle del Palajunoj.
Foto: Stereo 100 noticias
Con el tiempo y, mientras no había servicio de extracción de basura, las bolsas plásticas, cajas y restos empezaron a tomar las calles de Quetzaltenango. Desde las afueras de los mercados hasta las calles del centro de Xela, las bolsas de basura se tornaron en un factor común en el panorama. Tras más de 25 días sin tener un lugar para colocar los desechos, la preocupación por la generación de enfermedades se incrementó entre los vecinos.
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La crisis fue iniciada por un grupo conformado por hasta 10 comunidades autodenominadas como “Alcaldía Indígena del Valle del Palajunoj”, quienes han bloqueado el acceso al sector del basurero desde inicios de marzo. La exigencia principal era anular o suspender el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta normativa está vigente desde el 2017 en el sector y son usadas para regular el desarrollo del municipio dentro de su jurisdicción. Esta debe velar por mejorar la sostenibilidad, movilidad o el bien común. Los pobladores afirman que el alcalde Juan Fernando López había ofrecido derogar la normativa si ganaba las elecciones.
Los únicos afectados son los vecinos
Para el 3 de marzo, la comuna quetzalteca tuvo que declarar una alerta naranja por la contaminación ambiental en el lugar. Por otro lado, las comunidades de Chiquilaja y Chichiguitán se unieron a las manifestaciones. Además, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la anulación o derogación del POT, por lo que no podía ser eliminado, por lo que los grupos manifestantes pidieron una suspensión temporal de la norma.
Cada día que la problemática se mantenía, más bolsas de basura se acumulaban en Quetzaltenango. Las autoridades municipales habilitaron un botadero provisional en Zunil. Sin embargo, dos comunidades denunciaron que el vertedero improvisado había provocado contaminaciones en los afluentes de agua cercanos y un mal olor en las aldeas.
Además, recicladores del basurero pidieron el 10 de marzo que se desbloquee el paso, ya que sufren pérdidas de ingresos por la inoperancia del lugar. Sin embargo, estos continúan sin poder lucrar gracias a los manifestantes. Por otro lado, la comuna tuvo que recurrir a camiones que trasladaran los desechos hasta Coatepeque para tratar de alivianar la situación.
Foto: Mynor Toc
El basurero fue politizado
A pesar de que ya existe una resolución de la CC donde se aclara que el basurero debe regresar a su funcionamiento y que derogar el POT es imposible, el grupo ahora viola con los derechos de locomoción y tortura a vecinos con la acumulación de basura en diversos municipios de manera ilegal. Gracias a la ayuda de nuevas agrupaciones y políticos, la manifestación se ha mantenido en el sector.
Durante el 10 de marzo, miembros de la Asamblea Social y Popular de Guatemala visitó a los manifestantes y les brindó víveres para continuar con los bloqueos en el Valle del Palajunoj. En 2021, miembros de esta organización dañaron monumentos en la Avenida Reforma de la zona 10 capitalina. También han sido protagonistas en diferentes marchas, manifestaciones y bloqueos contra el Gobierno de Guatemala. Las COCODES de este sector también recibieron ayuda y víveres de estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) y miembros de Acción Estudiantil.
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También recibieron a la diputada del Congreso por la bancada WINAQ, Sonia Gutiérrez. La legisladora ha liderado y brindado un respaldo político a distintas manifestaciones, paros y movilizaciones desde que llegó a su puesto en 2020.
La lideresa del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Thelma Cabrera, también se manifestó en apoyo al grupo de comunidades protestantes. “Aquí los que mandamos somos nosotros” exclaman manifestantes en un parón dentro del Valle de Palajunoj el pasado 12 de marzo. Sin embargo, Cabrera y CODECA cuentan con un historial criminal en sus más de 30 años de existencia.
Robo de energía, cárceles clandestinas, así como aceptar violadores en sus filas. CODECA ha sido perseguido por sus actos delictivos que opacan su “búsqueda de justicia.” Su lucha por el poder ha llevado a cientos de personas a quedarse sin acceso a electricidad, ya que la agrupación realiza conexiones ilegales en distintos departamentos.
Cabrera también ha sido ligada a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), un grupo guerrillero que participó en el Conflicto Armado Interno. Entre los miembros de CODECA se rumora que Cabrera fue parte de ORPA durante su juventud.
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Mientras grupos externos intentan politizar el basurero, los vecinos deben sufrir la peor parte, ya que deben soportar los olores de la basura y el impacto ambiental que tomará años revertir.
Foto: Región Más Noticias
Rechazan manifestaciones
Instituciones y organizaciones también dieron a conocer su punto de vista respecto a la problemática que se vive en Quetzaltenango. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) condenó el bloqueo ilegal y rechazó las “medidas de hecho que atentan contra los derechos de libertad de locomoción, libertad de industria, comercio, trabajo, salud y seguridad. Insistimos en que estas prácticas ilegales no son la vía para hacerse escuchar.”
“Exigimos a las autoridades competentes que actúen dentro del marco de la ley para preservar el orden público, liberar los bloqueos y garantizar la circulación de todos los habitantes, incluyendo personas, vehículos livianos y de transporte pesado en la vía pública” solicitó el CIG.
Foto: CIG
Por su parte, la Mesa Económica Interinstitucional de Quetzaltenango también se unió a las solicitudes de finalizar el bloqueo. “Esta obstaculización violenta los derechos humanos de los habitantes del municipio” sentenció sobre la situación del acceso al vertedero. La mesa solicitó al Gobernador de Quetzaltenango que se garantice el estado de derecho y las resoluciones de los tribunales, así como una libre locomoción en el Valle de Palajunoj sin que se impida el diálogo entre los involucrados.
“Reconocemos y respetamos el derecho a la manifestación y expresión de todos los sectores de la población. Sin embargo, instamos que el ejercicio de estos derechos no ponga en riesgo el medio ambiente, la salud ni la economía del municipio ni de la población” reclamó la Mesa Económica Interinstitucional dentro de su comunicado publicado en redes sociales.
